Ibiza soporta en agosto 77.000 personas más de las que sus recursos pueden asumir, según un estudio técnico
El Primer Foro Técnico de Ibiza Observatorio Edificación sitúa en torno a 240.000 personas la capacidad prudencial de la isla. En agosto de 2025 llegaron a coincidir 316.843. El agua es el primer recurso que toca techo.
Los arquitectos técnicos Antonio Calvo Mínguez y Juan Planells Ramon han calculado cuánta población puede atender Ibiza sin desbordar el agua, la depuración, los residuos o las carreteras. Su estudio, presentado en el Primer Foro Técnico bajo el lema «Ibiza, techo de población para nuestra isla» y fechado en Jesús en octubre de 2026, cruza datos del INE, el IBESTAT, ABAQUA, Red Eléctrica, el Consell d’Eivissa e IB-Salut.
Para medirlo usan dos indicadores propios. La Población Equivalente Insular (PEI) traduce el consumo de cada recurso a número de personas, y el Índice de Capacidad de Carga Insular (ICCI) compara esa demanda con lo que la infraestructura puede asumir dejando un margen de seguridad. Un ICCI por encima del 100 % indica que se ha superado el límite prudencial.
Un 32 % por encima del umbral
La isla tenía 163.755 vecinos empadronados a 1 de enero de 2025, pero el pico de agosto, según el Indicador de Presión Humana del IBESTAT, llegó a 316.843 personas. El estudio redondea a 317.000 y compara esa cifra con un umbral de referencia de 240.000, lo que da un ICCI global del 132 %: unas 77.000 personas equivalentes de más.
Cerca de 177.000 de esas personas son residentes u ocupantes de primeras y segundas viviendas. Algo más de 96.000 son turistas alojados en plazas regladas o en viviendas vacacionales. Las 43.500 restantes no figuran en ningún registro de alojamiento y corresponden, según el reparto del estudio, a invitados en casas particulares, excursionistas, cruceristas y trabajadores de temporada.
El agua, primer límite
Los autores no promedian las capacidades de los distintos sistemas, porque el margen que queda en la red eléctrica no sirve de nada si falta agua. Con 66.400 metros cúbicos diarios disponibles, una dotación de 250 litros por persona y una reserva del 10 %, Ibiza puede abastecer a unas 239.000 personas. La demanda teórica de agosto supera esa cifra en un 32,6 %.
El saneamiento está casi igual de ajustado, con un índice del 129,7 %. La movilidad se sitúa entre el 117 % y el 124 %, aunque son valores simulados a falta de aforos en las carreteras. La energía queda en el 79 % de la potencia prudencial y es el único recurso analizado con margen.
En Platges de Comte se contaron 1.513 personas en un espacio calculado para 537, casi el triple. Can Misses, que también atiende a Formentera, tiene 323 camas, y con la población de agosto harían falta 760 para igualar la media nacional de 2,4 por cada 1.000 habitantes. En cuanto a residuos, Ca na Putxa recibió en 2025 más de 168.000 toneladas y el 61 % terminó en el vertedero.
Vivienda con el parque existente
La vivienda ocupa la parte más extensa del estudio. Si la población sigue creciendo un 1,4 % al año, Ibiza rondará los 201.700 residentes en 2040 y necesitará unas 13.500 viviendas más. Calvo y Planells proponen cubrir esa demanda con casas que ya están construidas.
La primera medida es retirar de forma progresiva el alquiler turístico de las viviendas residenciales y dejar la oferta comercial en hoteles, pensiones, agroturismos y hoteles rurales. Las 18.558 plazas de viviendas turísticas vacacionales equivalen, según sus cálculos, a unas 4.650 casas con espacio para 13.000 residentes. Plantean un plazo de tres años para la transición y, durante ese tiempo, renovar la cédula de habitabilidad para controlar el aforo, exigir una calificación energética mínima y la reutilización de aguas grises, y cobrar una tasa anual por la explotación económica.
El censo clasifica además 15.732 viviendas como vacías, casi el 20 % del parque. No todas son habitables ni están disponibles, y el estudio pide un inventario insular para saber cuáles se pueden recuperar. Los autores sospechan que muchas de ellas sí están ocupadas: al sumar su capacidad a la del resto del parque, el total coincide con el pico de agosto, lo que apunta a una sobreocupación no regulada de segundas residencias y pisos turísticos.
Con la vivienda protegida, las cuentas no salen. Construir cuesta unos 3.750 euros por metro cuadrado sin contar el suelo, mientras que los precios máximos de venta van de 1.918 a 3.165 euros, de modo que un promotor privado pierde dinero en cualquiera de las modalidades de VPO o de precio tasado. Para que fueran viables haría falta suelo cedido, subvenciones, rebajas fiscales o una subida de los módulos.
Como alternativa, el estudio propone un programa público de alquiler garantizado en el que la Administración cubriría impagos y daños y completaría la renta para que ninguna familia dedique más del 30 % de sus ingresos al alquiler. Incorporar 1.000 viviendas con una ayuda media de 450 euros al mes costaría unos 5,4 millones de euros anuales. Parte de esas casas se reservaría para sanitarios, docentes, policías y trabajadores de temporada.
Medidas propuestas
Los autores advierten de que sus cifras son estimaciones preliminares y que habrá que contrastar los datos antes de adoptar decisiones vinculantes. Cuando un índice validado alcance el 100 %, el documento plantea estudiar medidas proporcionadas, empezando por las plazas de alojamiento, los vehículos de alquiler y los espacios naturales más frágiles, antes de hablar de limitar el acceso de personas a la isla. También propone medir a diario la ocupación, reducir las fugas en la red de agua, mejorar el transporte público y obligar a los grandes productores de residuos a encargarse de su reciclaje.
El informe cierra pidiendo que Ibiza recupere las viviendas que ya tiene antes de abrir nuevas expansiones urbanísticas. «La finalidad no es eliminar el turismo, sino compatibilizarlo con la vivienda de los residentes, la conservación del territorio y la calidad de vida», escriben Calvo y Planells.
